JUAN E. PFLÜGER.-
Las 13 rosas,
nombre con el que se conoce a 13 jóvenes fusiladas el 5 de agosto de 1.939 tras
ser condenadas por un Tribunal, son una clara muestra de la “corrección
política” impuesta desde la izquierda. La misma placa que colocó el
Ayuntamiento de Madrid en 1.988 en el lugar en el que fueron fusiladas ya deja
clara la fábula montada desde la izquierda radical
que ha calado en la sociedad. En dicha placa se puede leer que “dieron su vida por la libertad y la
democracia”, una mentira que
demostraremos en esta entrada de blog. Pertenecían, en su mayor parte, a
las Juventudes
Socialistas Unificadas (JSU) la rama juvenil del comunismo en España que aspiraba a implantar en nuestro país un
régimen tan libre y demócrata como lo era el de Stalin
en la URSS, país desde el que se financiaban y al que había escapado, tras la Guerra Civil, su máximo dirigente: Santiago
Carrillo.
Las JSU, a las que pertenecían la mayoría de las
13 rosas, habían tenido una
destacada participación en la represión republicana en Madrid durante la Guerra Civil. No en vano, esta organización
política controlaba y dirigía directamente cinco checas donde
se torturó y asesinó a cientos de personas. Está perfectamente documentado en
los papeles del PCE
que bajo control de su organización juvenil se encontraban las checas de Mendizabal 24, la de la calle Rimundo Lulio, la de Santa Isabel 46, la
del Convento de las Pastoras de Chamartín y la de la calle Granda 4.
Además, participaron en la acción represiva de varias otras cárceles de
partidos políticos y tuvieron un papel
destacado en las sacas cometidas para asesinar a miles de presos sin mediar
juicio alguno. Quienes las presentan como garantes de la democracia suelen
olvidar, entre otros, este detalle: a ellas se les juzgó, pero ellas
participaron en una organización que asesinó sin juicio a miles de personas y
que, en el momento de ser detenidas, se había convertido en un grupo terrorista dirigido por José
Pena, Severino Rodríguez y Federico Bascuñana.
Las 13 rosas
fueron condenadas a muerte, pero no estaba prevista su ejecución hasta que el
29 de julio de 1.939 un comando de las JSU asesinó al Comandante Isaac Gabaldón, a su hija Pilar de 16 años –hubiera cumplido
17 unos días después- y al chofer que conducía el vehículo, Luis Díaz Madrigal.
La acción terrorista decidió a la
autoridad judicial a la ejecución de las sentencias de muerte que se
encontraban paralizadas. Entre las casi 70 sentencias se encontraban las de
las
13 rosas.
Varias de ellas eran destacadas dirigentes y activistas
del grupo terrorista en el que se habían convertido las JSU:
Ana López Gallego era la responsable de la rama femenina de las JSU. Recibía órdenes directamente de Manuel González Gutiérrez y había tenido una destacada participación en la organización del atentado frustrado que
pretendían realizar durante el Desfile de la Victoria y que tenía como objetivo
el asesinato de “la mayor cantidad de público asistente”, como declaró ante
el juzgado la propia terrorista. Su cometido era el trasporte del explosivo,
para ello se valía de jóvenes militantes de entre 15 y 17 años que por su edad,
no levantaban sospechas.
Joaquina López
Laffite fue la secretaria general
del Comité
Provincial de las JSU. Su
casa se usaba para celebrar las reuniones de dicho comité y en ella se
planificaron varios de los atentados que prepararon desde la organización
juvenil comunista. Había organizado una red, en la que participaban
varias de las 13 rosas, que preparaba
a jóvenes comunistas para que intimaran con falangistas a los que sacaban
información para señalar las víctimas de sus atentados.
Carmen Barrero Aguado era miembro del Comité Nacional de
la organización y una de las personas de
mayor responsabilidad en la toma de decisiones junto a Pena, Rodríguez y Bascuñana.
Pilar Bueno Ibañez era la mano derecha de López Laffite en el Comité Provincial y el enlace de ésta con Barrero.
Dionisia Manzanero
Salas era la responsable de mantener el contacto entre las diversas ramas del grupo
terrorista y rendir cuentas ante Bascuñana,
dirigente encargado de los comandos terroristas que perpetraban los atentados.
Ante estos datos sorprende que políticos, partidos y personalidades de diversos
ámbitos sigan brindando homenajes a quienes se convirtieron en terroristas tras
resultar derrotados en una guerra.
No solamente los actuales dirigentes de las Juventudes
Comunistas, desde Podemos
a representantes de Ciudadanos no tienen ningún empacho en mostrar su
admiración por estas 13 mujeres condenadas a muerte, pero que callan sin ningún rubor ante los
miles de asesinatos cometidos por ellas y sus asociados durante la Guerra Civil.
Esta forma de actuar no ha pasado desapercibida entre los
usuarios de redes sociales, especialmente Twitter,
que han afeado su conducta a quienes muestran esta “memoria histórica” selectiva vendida a la corrección política
impuesta desde los sectores de la izquierda más radical
española.
Francisco Javier de la Uz
Jiménez
