A LA
IZQUIERDA LE ENCANTA LA CENSURA
La
izquierda ha vuelto a sacar su propia vara de medir para la libertad
de expresión. Quiere antes
declaraciones falsas que la desagradable realidad. Quien diga la verdad,
provoca desafección, desmoraliza y desgasta al Gobierno más progresista, más
feminista, más numeroso y más inepto que ha padecido España.
En los
últimos días, hemos sabido por boca de Ministros que se nos vigila y que
el mismo Gobierno que es incapaz de contar los muertos por el Covid19 y
de suministrar mascarillas y EPIs a los sanitarios no va a consentir que nadie
le critique. Lo ha dicho Isabel Celáa: "No podemos permitir que
haya mensajes negativos". Otro socialista, Alfonso Gómez Celis,
encima vicepresidente del Congreso, acaba de decir estas palabras: "En
esta pandemia tenemos que desechar a los que señalan con el dedo los
errores". ¿A qué se refiere con ‘desechar’? Conociendo el pasado
del PSOE, ese verbo produce miedo.
De momento,
los socialistas se están contentado con manipular las ruedas de prensa
para que nadie pueda preguntar por qué ha sido España durante semanas el
país del mundo con más muertos por millón de habitantes y con denunciar a
quienes refutan su discurso de "Sólo era una gripe",
"Todos los países europeos están igual", "El Gobierno no
tiene nada de lo que arrepentirse", "Hay que arrimar el hombro".
Así, el PSOE ha denunciado a Vox y a la tertuliana Cristina Seguí por
‘delito de odio’, ese nuevo crimen político que sustituye al de
‘contrarrevolucionario’ aplicado en las tiranías comunistas.
"Envenenar
el ambiente" en 1931
Azaña
y Martínez Barrio
Por
ahora, los socialistas y sus aliados morados no pueden cerrar los
periódicos que molestan sus desayunos. Cuando en España las izquierdas
en sus distintas manifestaciones han gozado de la facultad legal para hacerlo,
se han quedado a gusto. El gobernante que más periódicos ha ordenado
clausurar ha sido Manuel Azaña, cerró más de 100 periódicos de derechas.
Una
vez nombrado Azaña presidente del gobierno de la II República por los
diputados, fue presentado por este Gobierno el primer proyecto legislativo
importante de la llamada Ley de Defensa de la República (LDR),
con el que comenzaba lo que Carlos Seco Serrano calificó de "dictadura
parlamentaria" de matiz jacobino.
El
articulado lo redactaron Casares Quiroga, ministro de Gobernación, el
subsecretario de este ministerio y Azaña. En el Consejo de Ministros del
19, el presidente dijo que el Gobierno quería contar con un instrumento legal
para proteger el orden público -hasta entonces los únicos motines, algaradas
y atentados los habían causado las izquierdas y los republicanos exaltados-
y leyó el proyecto. Todos los ministros presentes (republicanos, radicales,
socialistas y catalanistas) lo aprobaron.
El día 20,
Azaña ordenó al presidente de las Cortes, el socialista Julián Besteiro, que el
proyecto se tramitase por la vía de urgencia para que fuera votado esa tarde.
Después de un corto debate, la LDR fue
aprobada con sólo cinco votos en contra, aunque con numerosas abstenciones
y ausencias, como la de Alcalá Zamora.
Se publicó en la Gaceta el 22 de
octubre.
El Debate, que había sido suspendido el
año anterior, volvió a serlo el 19 de enero de 1.932 bajo
la acusación de haber "menospreciado
a las Cortes republicanas"; el diario, cuya situación fue objeto de
burla para Azaña en un discurso
parlamentario, reapareció el 20 de marzo, dos meses más tarde.
El
ministro de Gobernación, Miguel Maura, convocó a finales de mayo a su
despacho a los directores de los diarios de Madrid para pedirles que
diesen la noticia de la muerte, por la Guardia Civil, de ocho miembros
de la CNT que formaban parte de una columna que quería arrasar San
Sebastián, a fin de demostrar a todos los españoles que él haría cumplir la
ley.
Acudieron
todos, incluso aquellos cuyos diarios estaban suspendidos desde el 12 de mayo
(...). Les rogaba diesen a conocer la noticia del motín en San Sebastián.
Ahora bien –continué-: el diario que utilice la noticia para su campaña
política, o intente envenenar el ambiente con ella, será suspendido, y
suspendido quedará mientras yo esté en este Ministerio.
"Envenenar
el ambiente" de Maura no se distingue mucho de
"los bulos y desinformaciones que generan un gran nivel de estrés y
alarma social" de la Guardia Civil sumisa al Gobierno de Sánchez.
La Ley
de Defensa de la República
El 10
de agosto de 1932, se produjo la “sanjurjada”, el último pronunciamiento
antiguo. El mismo General que había contribuido a traer la República como
Director General de la Guardia Civil se sublevó en Sevilla y Madrid. El
Gobierno, presidido desde octubre anterior por Azaña, conocía los planes
de Sanjurjo y venció sin problemas el cuartelazo.
Desde
semanas antes de la “sanjurjada”, según el periodista Julián
Cortés Cavanillas, estaban suspendidos La Correspondencia, El
Imparcial, El Popular, El Mundo y Mundo Obrero, todos editados en Madrid. La
lista de las publicaciones cerradas por orden gubernamental, sin que lo
decidiera ningún juez, la hizo Justino Sinova (La Prensa en la
Segunda República española. Historia de una libertad frustrada).
Azaña aprovechó
la ocasión para aplicar la terrible Ley de Defensa de la República (vigente
desde octubre anterior), que daba al gobierno un poder inmenso para reprimir a
la oposición y perseguir a los ciudadanos que se le antojasen.
El
artículo 42 de la Constitución establecía que
"En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni
desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio"; pero Azaña
y su compañero Casares Quiroga, Ministro de Gobernación, amparados en la
Ley de Defensa de la República, deportaron a sospechosos a Villa
Cisneros, en el Sáhara. Meses antes habían deportado a varios anarquistas a
Guinea Ecuatorial.
Respecto
a la prensa, el Gobierno republicano, en el que había tres Ministros
socialistas (Largo Caballero, Prieto y De los Ríos) y uno de ERC (Carner
Romeu), ordenó el cierre de docenas de periódicos.
La excusa de la
“sanjurjada”
Josep Pla afirma (Historia de
la Segunda República) que entre "las primeras disposiciones" del
Gobierno de Azaña contra los
sospechosos de haber participado en la conspiración estuvo "la suspensión
de algunos periódicos revolucionarios de izquierda y de muchísimos periódicos
-más de un centenar- de derechas (entre
otros ABC y El Debate)".
La primera lista de las cabeceras cerradas la elaboró el
periodista Julián Cortés Cavanillas,
de ABC, y la incluyó en su libro Acta de acusación; seguramente
de aquí obtuvo Luca de Tena la cifra que él da. Antes del
pronunciamiento fracasado habían sido suspendidos gubernativamente cinco
periódicos en Madrid, y después se
suspendieron un en total de 127.
La suspensión, que duró
semanas y hasta meses, afectó a cabeceras
que existen hoy. Se trató del mayor
cierre de periódicos ordenado jamás por un Gobierno español. En la guerra
civil cada bando cerró los periódicos que no coincidían con su ideología, pero
no fueron tan numerosos. Se dieron casos como el de La Vanguardia, publicado en la Barcelona republicana y en la
nacional, o el del ABC, el único
periódico editado en ambas zonas (debido a sus ediciones de Madrid y Sevilla).
Se
trató del mayor cierre de periódicos ordenado jamás por un Gobierno español. En la
guerra civil cada bando cerró los periódicos que no coincidían con su
ideología, pero no fueron tan numerosos. Se dieron casos como el de La
Vanguardia, que pasó a publicarse entre el 22 de julio de 1936 al 25 de
enero de 1939 con una línea editorial favorable al Frente Popular y la Generalidad
de Companys a convertirse, después de un día de cierre para adaptarse, en
partidario exaltado de Franco a partir del 27 de enero de 1939.
“ABC”,
cerrado por más de cien días
Incautación
del diario ABC en 1931
ABC, bestia
negra de los republicanos por su carácter monárquico, fue suspendido el 10
de agosto por la noche y reapareció el 30 de noviembre. En el editorial de ese
día, el periódico se quejó de la dureza de la medida, tomada por un Gobierno supuestamente
democrático:
Las
repetidas sanciones y persecuciones contra los periódicos por parte de los Gobiernos
de la República, en su mayoría de izquierda, convirtieron en una burla el artículo
34 de la Constitución republicana:
La represión de la “sanjurjada” también afectó a
particulares. El Gobierno aplicó la LDR a cientos de ciudadanos que
consideraba sospechosos, de modo que el Ministro Casares Quiroga decidió, sin resolución judicial alguna, su
encarcelamiento o deportación a lugares tan lejanos como Villa Cisneros, en la
costa del Sáhara, con lo que vulneraba la Constitución (art.42), que prohibía
los destierros a más de 250 kilómetros del domicilio del sancionado.
Como cuenta el socialista
Juan Simeón Vidarte, "la
derecha estaba aterrada. Esta vez se encontraba realmente frente a un
Gobierno revolucionario". ¿Era éste, el terror, el efecto que querían
causar Azaña y sus ministros republicanos y socialistas en la oposición
a imitación de Robespierre?
Quizás por
la omnipotencia gubernamental y la violación de la Constitución, las izquierdas
son admiradoras de los años republicanos…
Maura,
Largo Caballero y Alcalá Zamora
Censura
del asesinato de Calvo Sotelo
La
censura y las suspensiones continuaron en los años siguientes, incluso cuando
se derogó la LDR. Cuando el Frente Popular tomó el poder, la
censura se recrudeció para evitar la difusión de los atentados, asesinatos y
motines. Los periódicos aparecían con recuadros en los que se decía: "Este número ha sido visado por la
censura". Numerosos periodistas vieron tachadas o mutiladas sus
crónicas, como Josep Pla.
Como
recuerda el Marqués de Valdeiglesias (Así empezó), propietario de La Época:
Con la noticia del secuestro de Calvo Sotelo por un destacamento de la
Guardia de Asalto a las órdenes del Ministro de la Gobernación, y de la
aparición del cadáver en la puerta del Cementerio del Este con un tiro de bala
en la nuca, llegó a la redacción del periódico, el lunes 13 por la mañana, la orden
terminante del Gabinete de censura: prohibido terminantemente el empleo de
la palabra asesinato, así como cualquier otro comentario sobre el suceso. Sólo
podría darse la noticia escueta del "fallecimiento" del señor Calvo Sotelo.
Francisco Javier de la
Uz Jiménez
FUENTES CONSULTADAS:
