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Carta a la Sra. Merkel: exija el fin de las autonomías
Respetada Canciller Federal:
Hace tres semanas, el profesor e historiador norteamericano
David Spengler publicaría una carta abierta en The Asian Times dirigida a su
persona, en la que la pedía “que dejara caer a España”, y explicaba las
razones, que iban desde la incompetencia, el despilfarro y la corrupción
generalizadas del Gobierno y particularmente de las administraciones
territoriales, donde nadie controla nada y nadie responde de nada, lo que
implica una asignación del grueso de los recursos públicos (45 % del PIB) en
forma tan disparatada e ineficaz que supera todo lo imaginable. Adicionalmente,
según el Dr. Spengler, el Gobierno miente en todo: sobre su situación
económica, sobre la bancaria y sobre la fiscal. Su deuda y los intereses son ya
inasumibles y, en consecuencia, somos insalvables.
No obstante, y aun reconociendo la veracidad de sus
afirmaciones -que tengamos hoy más PIB real que en 2007 resume la falsedad
inaudita de las cifras oficiales-,
España no sólo es salvable es que ni siquiera necesitaría la
intervención, sólo necesita la supresión del sistema autonómico, que representa
un despilfarro anual de más de 120.000 millones de euros, equivalentes al 12%
del PIB. Sin embargo, la oligarquía política se opone radicalmente a desmontar
esta gigantesca estructura que ha levantado en su exclusivo beneficio y escapa
a las manos de los españoles el poder de cambiar este expolio de proporciones
épicas. A día de hoy, el déficit de las regiones y ayuntamientos asciende a
unos 5.000 millones de euros mensuales, y está siendo cubierto por el Gobierno
con supuestos “adelantos presupuestarios”, supuestos porque jamás serán
devueltos, lo que ha elevado el déficit del Estado en un 50% hasta abril,
equivalente al 10% del PIB en términos anualizados. Y tampoco pueden pagar los
vencimientos de deuda, más de 25.000 millones, y esperan que el Gobierno con el
dinero del BCE lo haga por ellos.
Con una deuda pública total -no solo la computable- del 118
% del PIB oficial, un déficit 2012
estimado en más de 110.000 millones y unos intereses del 4,5% del PIB oficial
en los próximos 12 meses, España ha superado el punto de no retorno y ocurre
que sólo Ud. como Canciller de Alemania y líder más cualificada de Occidente
tiene el poder de acabar con una situación que supondrá la ruina, no solo de España
sino tal vez el fin de la zona euro. Y para evitarlo bastaría exigir,
condicionando a ello cualquier ayuda, la reforma radical de las instituciones
territoriales responsables de los dos tercios del gasto público. Es
absolutamente inaceptable, tanto social como económicamente, que la UE y el FMI
exijan a España que suba impuestos y recorte prestaciones, sin antes acabar con
el despilfarro autonómico. ¿Cómo se puede subir el IVA y recortar pensiones y
mantener 30.000 coches oficiales o dos millones de empleados públicos inútiles?
¿Cómo destruir la economía productiva y de las familias y mantener intacta la
improductiva? Y es ahí Sra. Canciller, donde los españoles necesitamos
desesperadamente su ayuda.
Como conoce perfectamente, porque lo ha vivido en primera
persona, España ha estado gobernada durante más de siete años por un presidente
poco cualificado y ahora, a pesar de las ilusiones populares puestas en el
cambio, Mariano Rajoy se ha revelado un fracaso total. Ni tiene coraje, ni
tiene un plan ni intención alguna de tenerlo, toda su gestión ha resultado una
auténtica tragedia. Ambos, junto con el aparato de sus propios partidos,
funcionan exclusivamente como una oligarquía -España tiene 450.000 políticos,
cuatro veces más por habitante que la UE- de intereses comunes y nunca como
partidos nacionales. Para ellos son más importantes sus ventajas partidistas y
personales que los intereses de la nación, lo que les lleva a mantener a toda
costa un modelo de Estado cuyo nivel de despilfarro y de corrupción nos conduce
a la ruina.
Vivimos bajo un modelo que dividió la nación en 17
autonomías territoriales, totalmente contrarias, excepto dos, a la Historia y a
la realidad objetiva de España. Estas autonomías, cuyas competencias más que
duplican a las de los Estados federales, son el vehículo con el que la
oligarquía política fue colocando a sus familiares, amigos y correligionarios,
creando para ello, el equivalente a 17 mini-estados con todos los órganos
propios de una nación, desde 17 Parlamentos a 19 televisiones públicas (todas
en pérdidas), 23 Universidades sin alumnos que las justifiquen a 22 aeropuertos
con 300 pasajeros/mes, pasando por infraestructuras absolutamente ruinosas. A
ello se unen 8.200 Ayuntamientos, cuando no se justifican más de 3.000, y con niveles
de despilfarro inauditos. Sólo Madrid, la capital más endeudada de Europa,
tiene 1.500 asesores inútiles, 180 coches oficiales, personal cinco veces más
que los grandes ayuntamientos mundiales y ha gastado 500 millones de euros en
dotarse de la sede-palacio más lujosa de Occidente, mientras el 23% de
madrileños vive por debajo del umbral de la pobreza, de ellos 140.000 niños. Y
ahora ¡quieren organizar los Juegos Olímpicos!
La rémora del empleo público
Primero colocaron a decenas de miles, luego a cientos de
miles y hoy totalizan dos millones de empleados públicos nombrados a dedo
–causa principal del brutal nivel de desempleo, ya que en España cada empleo
público destruye 2,8 puestos en el sector privado- y donde para no tener que
dar explicaciones a nadie crearían hasta 3.000 empresas públicas, la gran
tapadera del despilfarro, una inmensa telaraña de ocultación de deuda y
corrupción, empleando a 400.000 personas amigas y con sueldos un 35% superiores
a la media del sector privado.
El grueso de la crisis bancaria derivaría también del modelo
de Estado. El 54% de los depósitos de la banca se concentraba hasta el año
2.000 en cajas de ahorro, que habían sido el referente de las clases humildes
españolas durante casi dos siglos y que se convertirían en botín preferido de
los Presidentes autonómicos, que impondrían a personas políticas afines no
profesionales al frente de las mismas, al objeto de poder disfrutar de un poder
económico casi ilimitado para financiar sus obras faraónicas y los disparates
más inauditos.
Veinte “gestores” irresponsables y moralmente corruptos,
interrelacionados política y económicamente por 14 presidentes autonómicos, que
les garantizaría la no intervención del Banco de España primero y la ocultación
de la realidad de sus balances después, financiarían los proyectos
inmobiliarios más inauditos, que junto con las grandes obras públicas llevarían
a la quiebra a la mayoría de estas instituciones bicentenarias en solo ocho
años. PP, PSOE y nacionalistas sellarían un pacto de silencio para que ninguno
de los responsables de tamaña catástrofe fuera procesado. La última acción al
respecto la protagonizaría el Sr. Rajoy, de acuerdo con el PSOE, al no
destituir al Gobernador del Banco de España por grave incumplimiento de sus
obligaciones a cambio de su silencio.
En conjunto, esta situación ha llevado a España a un nivel
de endeudamiento público y privado del orden del 400% del PIB, el más elevado
del planeta, una cantidad que jamás podrá ser devuelta. Dentro de ella, la
deuda pública no cesa de crecer, gracias a la actitud absolutamente
irresponsable del BCE, cuyos préstamos se entregan sin control alguno para
financiar el gasto corriente y los agujeros bancarios, y donde ni un euro va a
la economía productiva, lo que arruinará España para varias generaciones. El
rescate bancario ha sido de nuevo insuficiente,
porque se ha infravalorado la morosidad –la real es doble de la oficial–
y porque las viviendas caerán aún un 35% y no se ha tenido en cuenta. Además
crea un círculo vicioso de bancos quebrados comprando deuda con el dinero del
BCE para mantener un Estado quebrado, que a su vez se endeuda para salvar a
estos mismos bancos quebrados. Sólo la actuación simultánea sobre el sistema
financiero, cerrando los bancos inviables y cambiando de modelo de Estado,
puede salvarnos.
Sin embargo, si la ya inevitable intervención se hace en
forma indiscriminada, desconociendo la realidad económica de la nación,
reduciendo salarios y prestaciones y subiendo impuestos, sin cortar de raíz los
focos de despilfarro y manteniendo intactos los 450.000 políticos, parásitos
sociales en su mayoría, que nos han llevado a la ruina, el resultado sería un
desastre histórico y la miseria y el hambre para millones. Es por ello Sra.
Canciller, que como única persona que está hoy en condiciones de ayudar al
pueblo español, me dirijo a Ud. para pedirla que antes de la intervención exija
en su lugar la supresión la locura económica que implica la actual
administración autonómica y local. La eliminación de un gasto inútil de 120.000
millones de euros anuales, permitiría reducir el endeudamiento y crear empleo
significativamente en relativamente poco tiempo, mientras que la alternativa
conllevaría una brutal deflación interna con unas consecuencias económica y
socialmente devastadoras. Un sufrimiento casi inimaginable para los españoles
actuales y futuros, para mantener los privilegios de una oligarquía política
parasitaria y corrupta.
(Se envía copias a Wolfgang Schäuble, Ministro de Finanzas
de Alemania; Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI; Olli Rehn,
responsable de Asuntos Económicos y Euro de la Comisión, y Mario Draghi
presidente del BCE)
Chevi Sr.
