¡VIVA LA GUARDIA CIVIL!
¡ARRIBA ESPAÑA!
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INMIGRACIÓN IRREGULAR
La Asociación Pro Guardia
Civil (APROGC) lamenta profundamente el fallecimiento de inmigrantes en su intento
de entrar en España, los recientemente acaecidos en Ceuta, y todos aquellos que
se han producido y que desgraciadamente se puedan repetir. Si por algo es
conocida la Guardia Civil a lo largo de su historia es por su acción
humanitaria de salvar vidas pagando un alto precio en otras sacrificadas de
guardias civiles; si ahora no hemos podido salvarlas los primeros en
desesperarse son los guardias civiles que allí estaban.
El problema de la inmigración
irregular ni es culpa de los guardias civiles, ni tampoco ellos pueden arreglarlo.
Es un asunto que quizás no tenga solución y que traspasa las voluntades de las
personas y de los estados. Y que se presta también a la demagogia y al cinismo.
Y mucho de eso es lo que vamos a denunciar aquí; hagamos primero un poco de
pedagogía para los ignorantes en la materia.
La leyes de nuestro país nos
encargan la vigilancia y protección de fronteras marítimas y terrestres, al CNP
por los puntos habilitados para entrar en España, y a la Guardia Civil por los
no habilitados. Y eso es lo que se hace en Ceuta y Melilla, cumplir lo que nos
ordenan las leyes, y por lo tanto los ciudadanos. Si entre todos decidimos que
no haya fronteras, ni vallas, ni concertinas, y que cualquiera pueda entrar en
España sin requisito alguno, los guardias civiles seremos los primeros en
cumplir esa norma. Lo que es injusto e indecente es culpar a los guardias
civiles por hacer el trabajo que se le ordena, y hacerlo bien, sacrificando su
integridad física, su reputación e incluso su humanidad. Esos guardias civiles
no se lo merecen. Una vez más desde APROGC observamos con hastío cómo se vuelve
a poner en tela de juicio la legalidad de las actuaciones de los guardias civiles
de Ceuta y Melilla.
No nos cansaremos de explicar
que en materia de inmigración irregular no sólo es aplicable la Ley de Extranjería
(como se la conoce) sino que también los acuerdos de readmisión firmados entre
España y Marruecos, la normativa europea y las interpretaciones jurídicas que
hagan de ellas los tribunales, y el sentido común no lo olvidemos. Todos
sabemos que los inmigrantes que pretenden entrar en España saltando las vallas,
a nado, u ocultos en vehículos lo hacen de manera ilegal y no acorde ni con las
leyes españolas ni tampoco europeas. La gran pregunta es ¿qué hacemos entonces?
¿Intentamos evitarlo o los dejamos pasar? Porque las dos cosas a la vez no es
posible. Aquí es donde los hipócritas, los acomplejados y los que tienen mala conciencia
salen a la luz. Callan cuando los que quieren entrar agreden gravemente a los
agentes de la autoridad que por su condición deben de carecer cualquier
derecho, escuchan sólo una versión de lo que allí ocurre (nunca la versión de
los guardias civiles, esa no interesa) y corren a los medios a acusar a los
agentes de malos profesionales, delincuentes (por no respetar las leyes),
inhumanos y a veces de asesinos. Eso sí, lo hacen desde la lejanía de la cómoda
civilización, calientes frente al televisor o tecleando el ordenador comprado
con dinero de las subvenciones oficiales. Por favor, respeten a los que hacen
cumplir las leyes, no hacemos otra cosa. O pidan que se cambien.
Para que nadie pueda alegar
ignorancia, explicaremos cómo y porqué actuamos los guardias civiles en la frontera
de Ceuta y Melilla ante los intentos de entrada irregular. La Fiscalía General
del Estado define jurídicamente los requisitos que tienen que cumplirse para
poder considerar que un inmigrante ilegal "ha entrado en España", y
pisar suelo español justo en el momento de la entrada por punto no habilitado
no lo es. En esa situación no procede la
apertura de un expediente de expulsión y sí, la aplicación de la devolución contemplada
en la Ley de extranjería, la readmisión en virtud del acuerdo Hispano-Marroquí
o simplemente evitar el intento de entrada. La decisión de una u otra medida,
se toma en base a las circunstancias especiales que concurran en cada caso por
lo que no es posible establecer un protocolo generalizado. El acuerdo de readmisión
se puso en marcha para que la entrada irregular de inmigrantes por Ceuta y
Melilla no fuera ni posible ni rentable, y para ello se estableció la
obligación de Marruecos de readmitir en su territorio a aquellas personas que
fueran sorprendidas intentando entrar a España desde su territorio. En ese
momento los guardias civiles que observan esos intentos de entrada primero
piden apoyo a las fuerzas de seguridad marroquíes, luego intentan disuadir a
los asaltantes con los medios y procedimientos de uso legales disponibles, y
finalmente interceptan a los que pueden. En los casos en los que se aplica la
devolución, los inmigrantes son conducidos al CNP y en los que se aplica la
readmisión son readmitidos por los puntos que Marruecos establece."
Nombrar como “devolución en caliente o expulsiones ilegales” a evitar los
intentos de entrada ilegal en el mismo momento en que estos se están
produciendo es una canallada que los guardias civiles no nos merecemos. Estamos contemplando atónitos
cómo esa cantinela va siendo repetida en los medios de comunicación y en conferencias
que destacados activistas pro derechos humanos van ofreciendo por toda España,
y asistimos con tristeza como en algunos guardias civiles ese mensaje ha
llegado a calar inexplicablemente.
Por otra parte a aquellos que
dicen que se vulnera el derecho de asilo de los inmigrantes que intentan acceder
violenta e ilegalmente, les invitamos a leer la sentencia del TC 53/2012 de 27
de febrero de 2002 en la que se precisa, que el estado español protege,
conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Convención de Ginebra, a
quienes acceden a un puesto fronterizo y en él denuncian un temor fundado de
ser perseguidos, debiendo permanecer en las dependencias adecuadas del puesto
fronterizo hasta que se resuelva la petición de asilo. Fuera de esas
condiciones el solicitante de asilo en frontera carece de todo derecho, ni
constitucional ni legal a entrar o a circular por España.
Desde APROGC consideramos que
la incorporación de las recomendaciones del Consejo de Europa de 1995 para
aplicar el procedimiento de readmisión acelerada de inmigrantes ilegales a
Marruecos, estableciendo concretamente los puntos de puesta en frontera,
contribuiría eficazmente a eliminar las dudas respecto de las actuaciones en
materia de inmigración y dejaría sin argumentos a los que especulan con la
ilegalidad de nuestro trabajo.
La Asociación Pro Guardia
Civil (APROGC) pretende desarrollar su actividad de defensa de los intereses de
los guardias civiles desde la más absoluta lealtad al gobierno de la nación,
sea del color que sea, así como a sus instituciones, y no participará en las
efímeras polémicas mediáticas que tengan su origen en las decisiones legítimas
tomadas por los gobernantes, como la colocación o retirada de la llamada
concertina o en declaraciones de miembros de los distintos Ministerios, por
considerar que no nos corresponde a nosotros manifestarnos al respecto. Sin
embargo creemos imprescindible que algún representante del Gobierno se pronuncie
rotundamente en defensa de la legalidad de las actuaciones de los guardias
civiles de Melilla por que es incuestionable que las dudas que se ciernen sobre
su trabajo ha llegado a calar en algunos. Y que se haga de manera responsable;
nuestro Ministro del Interior no puede salir al paso de alguna noticia
periodística sin documentarse antes de manera rigurosa, la prudencia debe ser
su guía. Si conoce algún caso de incumplimiento de las normas por parte de
algún agente bajo su mando, debe actuar con rigor y prontitud, se lo exigimos porque
eso beneficia a los miles de guardias civiles que actúan con exquisita
profesionalidad y arriesgando sus vidas diariamente, en las aguas próximas a
Ceuta, o en la valla que rodea Melilla.
Madrid, 10 de febrero de 2014
José V. Ruiz de Eguílaz y Mondría
Coronel de Caballería
