ESE EJÉRCITO QUE VES.
Y así, de modestia llenos,
a los más viejos verás,
tratando de ser lo más,
y de parecer lo menos.
Poetas Muertos
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7/12/11

DESPERTAREMOS ALGUNA VEZ...


Miguel Ángel Rodríguez, abogado cacereño experto en Derecho Internacional, será el encargado de defender ante la Corte Penal Internacional la primera denuncia en la que se acusa a ETA de cometer crímenes contra la humanidad y de genocidio en grado de tentativa.
El letrado, de 34 años, defiende a Rosa Garrido, viuda de José María Félix Latiegui, muerto a tiros el 14 de abril de 1981 al salir de la planta de Moulinex en Usurbil (Guipúzcoa), donde ejercía como director de producción. Los tribunales españoles argumentaron que habían pasado más de veinte años de los hechos, por lo que quedaba prescrito el asesinato del industrial vasco, presuntamente a manos de José Antonio Zurutuza Sarasola, 'Capullo'. Ante este fallo, su viuda ha decidido llevar el caso a instancias internacionales. «La justicia española se ha reído de mí, así que recurro a la europea», declaró el pasado día 3 en una entrevista concedida al diario El Correo.
En esa tarea le asesorará el abogado criado en la Sierra de Gata y adscrito al Colegio de Cáceres, que empezó estudiando en la Universidad de Castilla La Mancha y completó su formación en las de Pavia y Génova (Italia), además de en la de Selva Negra (Alemania). Ha impartido conferencias en España, Colombia y Argentina, y su currículum incluye cuatro premios internacionales de investigación jurídica. A lo largo de su trayectoria ha profundizado sobre las particularidades jurídicas de los crímenes contra la humanidad, y ante el caso que llevará a ETA al tribunal de La Haya, Rodríguez vaticina un proceso «largo y trabajoso».
En la denuncia presentada ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, el abogado extremeño argumenta la «situación de completa impunidad de los crímenes contra la humanidad consumados por la organización terrorista ETA y de su genocidio en grado de tentativa contra parte del propio grupo nacional perseguido».



Los argumentos
Rodríguez mantiene que los asesinatos selectivos y masacres como la del supermercado de Hipercor en Barcelona o las bombas en casas cuartel de la Guardia Civil son en sí mismos actos de genocidio. En cuanto al delito de crimen contra la humanidad de persecución, menciona pintadas como 'ETA, mátalos', los cócteles molotov lanzados a viviendas, las llamadas telefónicas amenazantes o el cobro del 'impuesto revolucionario'. «Ni uno solo de los autores materiales de estos actos de persecución -añade el abogado cacereño- ha sido ni tan siquiera investigado por crimen contra la humanidad de persecución».
Esa tipificación no figura en el Código Penal español, explica Miguel Ángel Rodríguez, mientras que sí está recogida en el Estatuto de Roma (artículo siete) y desde el Estatuto de Nuremberg de 1945. La denuncia se remite también al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles.
Su denuncia alude a las «miles de personas deportadas» del País Vasco y «miles de desplazados internos», personas que se vieron obligadas a dejar su lugar de residencia ante el acoso al que les sometió la banda terrorista, «situación tan sólo asimilable en la Europa contemporánea a la vivida en la ex Yugoslavia», añade. Rodríguez mantiene que está acreditado el carácter de lesa humanidad, un delito que no prescribe y para el que no cabe la amnistía.

                                                                                                            Gonzalo Rodríguez-Colubi Balmaseda

4 comentarios:

José Antonio dijo...

Un tema muy interesante y de la máxima complejidad, este del enjuiciamiento del terrorismo. No puede caber duda de que esa denuncia presentada es tan evidente y notoria que, en justicia, no debería dar lugar a un proceso «largo y trabajoso». Pero…

Como me considero incapaz de hacer un comentario global y tan resumido como requiere el espacio aquí disponible, por el momento me limito a transcribir un documento que hace alrededor de tres años distribuí de modo selectivo para ver si podía llegar él a las manos de quien podía poner el necesario remedio. El referido documento dice así:

El balance acumulado de la actividad terrorista contra el pueblo español resulta estremecedor, tanto por su extrema gravedad como por su cuantía y su extensión; de hecho, apenas puede citarse algún grupo social en el que no hayan sufrido sus devastadores efectos personas y bienes de entre quienes lo integren. Y tan así es ello que incluso los mismos verdugos terroristas padecen tales efectos y hasta presentan el más alto porcentaje de víctimas de su propio criminalidad; si nos fijamos en los integrantes de la ETA inicial, sería interesante conocer cuántos de ellos –maliciosos aspirantes a arruinar España (si había impunidad) y a crearse luego en una parcelita de entre las ruinas una mini-nación (?)inane e independiente (?) en el seno de la globalizada, corrupta, amoral y masificada sociedad mundial– cuántos de ellos fueron eliminados por intentar hacer valer su ilusoria independencia frente al totalitario superpoder imperialista que, desde hace ya más de dos siglos, viene rigiendo el orden mundial con propósito globalizador inane y que, también, era el superpoder que había dispuesto la creación de tal banda terrorista y sólo la necesitaba como cruento y devastador instrumento fungible, para la faena que se proponía hacer contra España (la única nación que aún era libre en el llamado mundo occidental, la única nación que aún no estaba sometida al imperialismo globalizador mediante el engañoso y generalizado sistema de la partitocracia antinacional).

Los partícipes en las bandas terroristas, cualquiera sea el apellido que se les ponga a cada una de ellas, son simples piezas de desecho en manos del omnímodo superpoder imperialista globalizador. A lo más que por propia iniciativa puede aspirar un verdugo terrorista es a asesinar o dañar o amenazar impunemente a personas indefenas, a personas no amparadas por el superpoder; de lo contrario, ya se vio lo que les ocurría a los terroristas que querían actuar independientes: Morían a balazos de sus propios compañeros, o por mochilas trampa que explosionaban sobre la espalda del que la portaba, o por artefactos explosivos que se activaban cuando el disidente creía que los estaba preparando él para algún atentado, o en vehículos que explosionaban con disidentes dentro, o grupos fuertemente armados que eran desembarcados en una encerrona en la que los agentes policiales tenían orden de disparar a matar ante cualquier reacción agresiva, o suicidios obligados, y hasta hubo mutilación de cadáveres de algunos de los así exterminados, para luego poder acusar de tortura y asesinato a determinados agentes policiales. Desde entonces, los terroristas –al igual que cuantos otros individuos actúan en las diversas organizaciones o instituciones sometidas al mismo amo imperialista– son bien sumisos y serviles para con el imperialismo totalitario mundial, que les permite satisfacer de manera impune la perversión de sus almas degeneradas, pero que cuando a él le interesa se desembaraza de tan infelices sicarios esclavizados. (Fin)
- -
Tendremos que esperar al otro mundo, para conocer si ese documento y los otros cinco que aporté en el mes de agosto de 2009 consiguieron iluminar las mentes de quienes personifican el Imperialismo Totalitario Globalizador, y decidirlas a detener tal genocidio contra el pueblo español. ¿O acaso lo consiguieron los principios teológicos universales que conforman la Auténtica Teología?

José Antonio Chamorro Manzano
XVI Promoción A G M

G. uillermo dijo...

En primer lugar, Gonzalo gracias por exponer con tu entrada, este caso tan doloroso relativo a las injusticias que sufren las victimas del terrorismo.
Si las corrientes de pensamiento sobre cualquier asunto siempre han sido numerosas, diferentes e incluso contradictorias, si nos adentramos en las corrientes de pensamiento jurídico.... ahí ya nos perdemos, como se suele decir, para gustos los colores.
Ciñendonos al caso que tratas en tu estupenda entrada, en la revista EGUZKILORE del Instituto Vasco de Criminología (nº 23 Diciembre 2009) el ilustre Magistrado Subijana Zunzunegui publicó "La justicia a las víctimas del terrorismo" estupendo trabajo en el que expone su pensamiento sobre el instituto de la prescripción en relación a los crímenes terroristas, diciendo:
"La justicia a las víctimas pudiera concebirse con un contenido mínimo, con un contenido medio y con un contenido máximo.
Existiendo fundamento probatorio para ello, el contenido mínimo se vincularía a la necesidad de que una autoridad institucional neutral (dotada, por lo tanto, de independencia e imparcialidad) declare públicamente el reproche por el hecho injusto y culpable cometido, individualice y reconozca las víctimas producidas, y obligue a la reparación del daño causado a las mismas.
El contenido medio añadiría la exigencia de imposición de una pena.
El contenido máximo exigiría, además, la efectiva ejecución de esa pena.
El instituto de la prescripción debe preservar, cuanto menos, el contenido mínimo, si quiere ser respetuoso con una exigencia indeclinable en un orden democrático: la debida justicia a las víctimas, que no admite el olvido injustificado del dolor injusto (TOJEIRA, 1997: 257).
En la legislación española este mínimo axiológico puede alcanzarse con la regulación de la prescripción en el Código Penal y es, sin embargo, inasumible con el tratamiento conferido a la mentada institución por la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
A MODO DE CONCLUSIÓN
Si la prescripción se califica como una institución de derecho sustantivo que, tal y como se regula en el Código Penal, legitima una extinción de la responsabilidad criminal por razones básicamente preventivas es indiscutible que, conforme a tal naturaleza jurídica, se justifica la declaración del injusto culpable por una autoridad pública dotada de neutralidad institucional. Ello permite la satisfacción de las exigencias mínimas de justicia a las víctimas. Es diáfano que la imprescriptibilidad del terrorismo, como efecto anudable a su calificación como crimen internacional, justifica además la imposición de la pena y su eventual ejecución. Estos efectos adicionales únicamente son factibles respecto a los hechos cometidos con posterioridad a la entrada en vigor del cambio normativo que atribuye al terrorismo la condición de crimen internacional, dada la vigencia del principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable al acusado.
Lo que, en todo caso, ignora el derecho a la justicia de las víctimas es la configuración de la prescripción, tal y como hace la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como un óbice procesal que excluye un pronunciamiento de la autoridad judicial sobre lo ocurrido, justificando un cierre anticipado del proceso. Esta lectura de la prescripción impide conocer el relato sobre lo ocurrido, haciendo del olvido un motivo de injusticia.

Chevi Sr. dijo...

Ya empieza a ser tópico, pero es que en España la justicia no existe. Yo lo sé bien.
Qué hacer? Yo ya no saber.

Anónimo dijo...

El señor Latiegui Balmaseda fue asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, amalgama de escindidos de ETA político-militar (para los amnésicos: la ETA de Euskadiko Ezkerra) y de grupos ácratas. ETA militar y los CAA no se tragaban. Aunque probablemente fue víctima de la extrema derecha, "Naparra" , dirigente de los CAA, suele ser contabilizado como víctima de ETA, p.ej.